En épocas de dificultad como la que
atravesamos no faltan las voces que reclaman pactos y consensos sobre asuntos
fundamentales que ayuden a salir
adelante y a paliar los efectos más negativos de la crisis. Se rememoran
acuerdos pasados como los míticos “Pactos de la Moncloa” en tiempos de Adolfo
Suárez y desde casi todas partes se insta a Gobierno, partidos políticos y
agentes sociales a ponerse de acuerdo y arrimar el hombro, dejando a un lado
intereses, posiciones partidistas o estrategias electorales.
No obstante, este necesario y sano
consenso que se reclama en momentos duros, se olvida en otros tiempos de
bonanza o simplemente de menor dificultad. Y así se van posponiendo acuerdos y
reformas importantes por el interés coyuntural de los grandes partidos.
Después de
más de treinta años de Constitución y de normalidad democrática se
imponen una serie de acuerdos globales o grandes pactos que deben corregir o
cerrar de una vez para siempre asuntos de vital importancia para la estabilidad
del sistema. Y eso sólo puede hacerse con el acuerdo de los dos grandes
partidos, PSOE y PP, sin excluir, por supuesto, a los pequeños que quieran
sumarse.
Es necesario cerrar para siempre algunos
asuntos relacionados con el Estado de las Autonomías como la delimitación clara
de las competencias, la financiación o las políticas lingüísticas que
garanticen los derechos de todos. España no es ni puede ser de hecho la suma de
17 realidades diferentes cada una tirando para un lado.
Es urgente que la sanidad y la educación tengan
un modelo único de calidad, servicios y derechos para todos los españoles por
igual. No puede seguirse permitiendo que haya ciudadanos de diferentes
categorías dependiendo del lugar en donde vivan porque su Comunidad Autónoma
entiende la sanidad de diferente manera que otra o porque utiliza la educación
como medio para imponer un determinado modelo ideológico o lingüístico.
De la misma forma, es conveniente un
acuerdo para reformar la actual Ley Electoral de tal manera que corrija los
problemas detectados en estos años: tiranía de pequeños partidos nacionalistas,
mecanismos que eviten el transfuguismo, sobre todo en los Ayuntamientos. No
estaría mal que se instaurara la elección directa de los alcaldes como sucede
en Francia.
También debería existir una Ley sobre
retribuciones de cargos públicos, una ley estatal que obligara a todos. No es
presentable, sino inmoral e injustificado, que haya Presidentes de Comunidad,
Consejeros, Alcaldes y hasta concejales que cobren más de que el Presidente del
Gobierno.
Todo esto es necesario y compatible con otros consensos más o menos
coyunturales como las medidas contra la crisis, la reforma de las pensiones e
incluso las reglas del mercado laboral. Ojalá este momento de dificultad sirva
al menos para pactar los acuerdos necesarios, tanto los urgentes como los
importantes.
** Nota: Artículo publicado en el tristemente desaparecido periódico digital "Extremadura al día" el 3 de mayo de 2009 y que por su vigencia reproducimos.
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