En estos días se han cumplido dos años con Mariano Rajoy al frente del Gobierno. En este ecuador de legislatura es buen momento para comentar algunos aspectos de su gestión.
Es innegable que la situación económica ha cambiado a mejor y ya nadie habla del rescate, sino de los primeros indicios de la salida de la crisis; aunque también es cierto que esto no se refleja en el ciudadano de a pie y que seguimos teniendo una tasa de paro escandalosa que no mejora y que es la responsable de millones de tragedias personales.
Todos sabemos que las medidas económicas y laborales tomadas por el Gobierno del PP en los primeros meses fueron un mazazo difícil de asumir, sobre todo por sus votantes, porque eran decisiones que traicionaban directamente lo prometido en el programa electoral e incluso cambiaban de cabo a rabo la filosofía defendida siempre por este partido. La subida del IVA y el aumento del IRPF eran exactamente lo contrario que el PP prometió y lo contrario que había defendido desde su nacimiento. El bajar los impuestos era un lema grabado a fuego en la piel de todos los gobernantes populares, especialmente desde que Aznar consiguió el milagro económico, en la primera legislatura de su Gobierno, con un equipo en el área económica del que formaban parte muchos de los que ahora están con Rajoy.
Estas decisiones nos dolieron a todos en el bolsillo y a algunos también en el corazón. De la misma forma que nos dolió la pérdida de una paga extra a los funcionarios, que veníamos ya de ser castigados por Zapatero con una bajada de sueldo, algo imposible de imaginar sólo unos años atrás.
El Gobierno se defendía apelando a la desastrosa herencia recibida de los socialistas. Reconocía que no eran las medidas prometidas ni las que quería llevar a cabo, pero no había otro remedio si queríamos remontar el vuelo y alejarnos del fatídico rescate. Creo que la mayoría de españoles, a pesar de los pesares, entendieron y comprendieron a Rajoy. A veces es necesario hacer lo que no se quiere para poder vivir como se quiere. Muchos asumimos los sacrificios como nuestra contribución a un futuro mejor para todos y hasta compadecimos al Presidente por tener que traicionar sus principios y sus compromisos electorales, pero la situación así lo requería, no había más remedio.
Sin embargo, esta pasada semana, se ha producido otro incumplimiento electoral que nada tiene que ver ni con la herencia recibida ni con la economía. Me refiero a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una decisión meramente política en la que se ha puesto de manifiesto la falta de voluntad de los partidos para favorecer una verdadera independencia en el órgano de gobierno de los Jueces. Especialmente grave es la actitud del PP, que prometió en el punto 5.11 del programa electoral que la mayoría (12 de 20) serian elegidos por los propios jueces y que tiene una amplia mayoría para poder sacarlo adelante. En lugar de ello, ha preferido repartirse el pastel, como se ha hecho siempre, con el resto de partidos, incluidos los de la llamada izquierda plural que a la hora de las regalías les da lo mismo de donde vengan. Todos ellos son, con la honrosa excepción de UPyD, también responsables de la ocupación partidista de la justicia. Como escribió Victoria Prego en El Mundo a propósito de este asunto y de la famosa frase de Alfonso Guerra: "Montesquieu ha muerto". "Sí, es verdad, y el PP ha venido a enterrarlo".
España necesita salir a flote, aunque para ello haga falta sacrificarse e incluso traicionar promesas; pero España también necesita regenerarse democráticamente y para ello sólo es necesario cumplir la palabra, tomar medidas y remover poltronas. Para ello el PP tenía la legitimidad y la fuerza del enorme apoyo logrado hace dos años. Lástima que se haya dilapidado en tan poco tiempo este fabuloso capital político.
Así, no. Así, no.
